domingo, 22 de marzo de 2015

'La Mano Negra', historia de una farsa judicial

“La Mano Negra” fue una supuesta organización de ideología anarquista que asolaba la Andalucía de finales del siglo XIX mediante el crimen y el asesinato de propietarios agrícolas. A día de hoy no se tiene menor duda de que esta organización no existió como tal y que se trató de un burdo montaje del Gobierno del presidente José Posada Herrera y que se utilizó como pretexto para justificar la represión del movimiento obrero y del naciente asociacionismo obrero en la España del siglo XIX.
Los orígenes de la que, probablemente, sea la mayor conspiración gubernamental de nuestra historia, se sitúan entre el noviembre y el diciembre de 1882. Desde principios de ese año la tensión social había aumentado. Se sucedían las concentraciones en los ayuntamientos de diversos municipios y comenzaban a surgir los primeros disturbios en las calles entre Guardia Civil y jornaleros. En un primer momento, el gobierno de España intentó paliar la miseria de la clase trabajadora de entonces repartiendo cestas de pan e intensificando las obras públicas (construcción de carreteras, obras ferroviarias, etc.). No obstante, estas medidas ni paliaron la miseria del pueblo ni pararon las protestas jornaleras. A todo esto, se les añadió una temporada de mala cosecha, la cual provocó un incremento de los robos a los vendedores de pan y asaltos a cortijos en busca de ganado y alimentos varios.
A partir de este momento se incrementaron las detenciones de jornaleros y las patrullas del Ejército que recorrían los campos aumentaron. Además, la prensa empezó a jugar su papel. Sus páginas se abarrotaron de incendiarios artículos reclamando “mano dura” contra la desestabilización de la “paz social”. Ya se daban los primeros pasos para la aparición ‘estelar’ de una banda de asesinos llamada “La Mano Negra”.

Los primeros crímenes
En diciembre de 1882 las detenciones de jornaleros ya se contaban por centenares. Entonces, sucedió el asesinato de los venteros Núñez. Al día siguiente del crimen fue detenido Juan Galán Rodríguez, al que se le acusó del asesinato por habérsele ordenado una “asociación secreta”. A finales de ese mismo año, la Guardia Civil encontró en medio del campo, debajo de una piedra, el supuesto reglamento de “La Mano Negra”. Hoy está suficientemente demostrado que ese supuesto reglamento no fue más que una burda falsificación creada a partir de un documento incautado a un militante obrero detenido en 1878. Desde entonces circularon varias copias. Todas ellas realizadas por la Guardia Civil a partir de supuestos “originales” nunca vistos.


Durante el primer mes de 1883 se fueron sucediendo las detenciones diarias de jornaleros y obreros en la zona de Jerez. La serranía gaditana fue una de las zonas más castigadas por la represión, hasta tal punto que se hizo popular una copla que decía:
​​​​Camino de Grazalema
​​​​tan escondío y tan triste,
​​​​que ni san Migué lo pasa
​​​​sin que un guarida lo registre.
En la localidad de Setenil fueron detenidos la mayoría de militantes del FTRE (Federación de Trabajadores de la Región Española). Quienes se acercaban a la cárcel a dar ayuda a los presos también era detenido, como fue el caso del jornalero Antonio Romero Garrido, preso por llevar un colchón a la presa Isabel Luna, también militante del FTRE. Se retenía la prensa y la correspondencia a los presos desde la misma oficina de Correos. A finales de marzo de 1883 ya eran más de cuatrocientos los campesinos encarcelados y cinco mil el total de obreros que habían pisado alguna prisión. La represión ya no se limitaba a la provincia de Cádiz, sino también a las de Sevilla, Jaén y Málaga.
Paralelamente, la prensa, afín al régimen, seguía publicando terroríficos relatos sobre las supuestas actividades secretas de “La Mano Negra”. A partir de lo que se contaba en la prensa, los diputados de las Cortes Generales comenzaban a pedir una aplicación de la legislación vigente con mayor dureza.
Para que los castigos pudieran ser ejemplares, se debía encontrar asesinatos que atribuir a “La Mano Negra”. A principios de febrero, en un cortijo de Jerez, se encontraron unos restos humanos que podían servir para atribuirlos a algún inocente jornalero. Los “hábiles” interrogatorios del teniente coronel de la Guardia Civil, José Oliver Vidal, consiguieron que varios trabajadores se confesaran autores de la muerte. Además, el juez especial Del Pozo y el fiscal Doménech lograron reunir mucha información sobre las supuestas actividades de las asociaciones obreras y supuestos documentos que la Policía atribuía a “La Mano Negra”.
Los sumarios que se abrieron en los que estaban implicados los supuestos miembros de la organización secreta pasaban los nueve mil folios. Fueron interrogados cientos y cientos de trabajadores, de los cuales doscientos quedaron procesados. Ya todo estaba preparado para que se celebraran los juicios contra “La Mano Negra”, que se celebraron en el Palacio de la Justicia jerezano situado en la Plaza del Arenal.

Los juicios


Desde las instancias judiciales se seleccionaron cuatro sumarios para representar lo que supondría la mayor farsa judicial española, al menos de la época moderna. Los cuatro sumarios fueron los siguientes: “Venta del Empalme” (26 de mayo), “Cortijo de la Parrilla” (5 de junio), “Arcos” (30 de junio) y, por último, el de los “Venteros Núñez” (28 de septiembre). Según diversos historiadores españoles, la causa inmediata del montaje judicial respondía a la posibilidad de que en verano de 1883 se perpetrara una huelga general en todo el campo gaditano, y con tal represión se buscó, pues, golpear al naciente sindicalismo obrero. El sumario del “Cortijo de la Parrilla” fue sin duda el peor, donde más condenados a muerte hubo. Ese año se preveía una gran cosecha y los caciques no iban a consentir perder sus beneficios.
El primer sumario trataba el asesinato, el 2 de abril de 1883, del propietario y tabernero Antonio Vázquez. Los acusados eran cuatro “sospechosos” de pertenecer a “La Mano Negra”. Los cuatro fueron condenados a muerte por garrote vil. Las únicas pruebas que se presentaron en el juicio fueron las confesiones recogidas, bajo torturas, por la Guardia Civil.
El segundo juicio se celebró para juzgar la muerte de Bartolomé Gago Campos. Sin duda alguna, este segundo juicio fue el más famoso de todos por la presencia de grandes irregularidades a la hora de presentar “pruebas” y por el número de condenados. Se detuvieron a 600 personas, acusadas 17, y de estas últimas se condenó a muerte a siete. El juicio se produjo en noviembre de 1882, y las condenas a muerte se perpetraron el 14 de junio de 1884 en la plaza del Mercado de Jerez.
El tercer sumario que celebró su vista fue el referente al “Crimen de Arcos”. Se juzgaba el supuesto asesinato del Guardia Rural Fernando Oliveras que, aunque la autopsia dictaminó que su fallecimiento fue causado por un disparo accidental de su propia escopeta, la Guardia Civil presentó una carta “anónima” que atribuía la muerte a una paliza dada por dos miembros de “La Mano Negra”, Cristóbal Durán Gil y Antonio Jaime Domínguez. Los acusados y muchos de sus familiares, fueron torturados y encarcelados. El 1 de julio de 1883 se hizo pública la sentencia en la que se condenaba a Jaime y a Durán a 17 años y cadena perpetua, respectivamente.
El último juicio era el del sumario del crimen de “Los venteros Núñez”. Se trataba de esclarecer el asesinato de los dueños de una taberna a medio camino entre Jerez yTrabujena. El 3 de diciembre de 1882, cinco individuos asesinaron al propietario, Juan Nuñez, y a su mujer, María Labrador. La cabeza de turco fue el jornalero Juan Galán Rodríguez, al que se le obtuvo la confesión de “pertenecer a una sociedad secreta” bajo terribles torturas. El juez rechazó las declaraciones de más de veinte testigos que negaron cualquier tipo de rencillas entre el acusado y Núñez, y prefirió tomar como válidas las acusaciones de José Almorín, que padecía Síndrome de Down, y del hijo de las víctimas, que tenía cuatro años de edad. El 22 de septiembre de 1883 se dictó la sentencia por la cual Juan Galán era condenado a muerte.

El Gobierno contaba que con tales ejemplares condenas el asociacionismo naciente en España y en concreto en el campo andaluz, se iría reduciendo cada vez más. Tal cosa no fue así, sino todo lo contrario. Ni las detenciones, ni las torturas, ni las condenas a muerte consiguieron detener las acciones reivindicativas y las asociaciones obreras.
Los juicios contra “La Mano Negra” se efectuaron sin la más mínima garantía. Los miles de detenidos por ser sospechosos de pertenecer a esta inexistente asociación fueron apaleados, torturados y hasta asesinados por garrote vil. La instrucción judicial fue tan chapucera que cuando la “Revista de Legislación” reveló los sumarios se vio forzada a prescindir las fechas de algunos documentos para eludir que se pudieran demostrar errores y contradicciones varias. De todos los condenados, ocho de ellos tuvieron que esperar veinte años en prisión para poder ser indultados no sin mantener la pena de destierro por la cual no pudieron acercarse a menos de dos kilómetros y medio de Jerez de la Frontera. Aunque a estos ocho jornaleros no se les aplicó el garrote vil, la realidad es que los mataron en vida, pues la mayor farsa de la historia judicial de España les provocó torturas, humillaciones y veinte años en prisión que nadie nunca más les podría devolver.

“Este interés incesante por imputar a los anarquistas cualquier crimen con el objetivo de deteriorar la imagen del colectivo ha sido constante en la historia de este país”. Juan Madrid, historiador y periodista.


domingo, 15 de marzo de 2015

La lucha en las prisiones y la C.O.P.E.L.

El presente artículo se escribe con razón del comienzo de la huelga de hambre del preso anarquista José Antúnez Becerra, encarcelado en la prisión barcelonesa de Brians 2. Antúnez Becerra lleva cuarenta años en prisión, ha denunciado varias veces el trato hacia los presos como él, y fue un activo militante de la C.O.P.E.L. (Coordinadora de Presos en Lucha) durante la llamada “Transición española”. 


Dicen que las prisiones de un Estado son un reflejo de la sociedad, pero también dicen que el mero hecho de existencia de prisiones ya denota una amplia degradación de una sociedad y de un sistema socioeconómico determinado. El nivel del sistema penitenciario del Estado español durante los últimos años del franquismo era paupérrimo, y durante la Transición siguió siéndolo. Los funcionarios no solo permitían sino que a la vez potenciaban los enfrentamientos entre los presos de un penal para que entre ellos también rigiera la ley del más fuerte y así no hubiera cabida para ningún tipo de organización ni solidaridad entre ellos. Durante los años ’70 y ’80 existían tres “estamentos” de presos. El último escalafón y, por ende, el más débil y vulnerable, lo componían los homosexuales, los jóvenes y los extranjeros –que en muchos casos no conocían ni el idioma-. Al otro extremo tenemos a los que se conocían como “cabos de varas”, que no eran más que aquellos presos que disfrutaban de los favores de los funcionarios ya que los primeros se encargaban de controlar al resto de presos y dar el “chivatazo” a sus superiores si algún otro preso no seguía las normas establecidas. Y el tercer estamento, que por aquella época era muy numeroso, lo componían los presos políticos, los cuales tenían una fuerte consciencia de su situación como víctimas de la represión del Estado, gracias a su militancia y a sus lecturas sobre teoría política comunista, socialista o anarquista. Su condición de presos políticos les hacía reclamar una serie de demandas y tratos de favor, muchas veces dejando de lado las reivindicaciones –igualmente necesarias- del resto de presos sociales, denotando cierto clasismo.

Con la muerte del Generalísimo Franco, saltó la alarma dentro del ‘mundo’ penitenciario. Los rumores sobre una posible amnistía, y la demanda de ésta por parte de la población civil en el exterior, provocaron una gran ansiedad entre la población reclusa y poco a poco empezaron a organizarse. Pero surgía un problema: Los presos sociales (comunes), que al mismo tiempo se comenzaban a organizar, se dieron cuenta que esos rumores de amnistía los dejaba fuera, que no disfrutarían de las mismas oportunidades que sus compañeros de galería, y los enfrentamientos internos comenzaron a aflorar. A todo esto había que añadirle que parte de los presos políticos se creían moralmente superiores por su formación y militancia política, razón por la cual daban apoyo a la exclusión del preso común de la amnistía. En relación a esta concepción de la inferioridad de los presos comunes/sociales frente a los presos políticos hubo excepciones; principalmente los únicos grupos o colectivos que reclamaban la amnistía para todo preso, ya fuera social o político, fueron los trotskistas, los anarquistas y ETApm (politiko-militarra). Y efectivamente ocurrió lo que se esperaba; en julio de 1976 se dio una amplia amnistía para la mayoría de presos políticos, y los miles de presos sociales constataron que no se reconocían las causas sociales de su encarcelamiento (cuarenta años de dictadura e injusticia social), lo cual encendió la mecha reivindicativa de esta población reclusa y los internos de Carabanchel pasaron a la acción y dieron inicio al primer amotinamiento el 30 de julio de 1976. Aquel primer día se ocupó el techo de una de las galerías del penal de Carabanchel. Así  describía la situación un Grupo Autónomo Libertario: “Ya no aguantábamos más. Y por si fuera poco, la cosa se caldeó aún más por el menosprecio que los presos políticos manifestaban hacia nosotros, sobretodo, es curioso, los que iban a salir amnistiados aquellos próximos días. Total, que diversas veces llegamos a enfrentarnos físicamente”.

Esta situación, sumada a la violencia de los funcionarios de las prisiones, fue el germen de la C.O.P.E.L. La coordinadora de presos en lucha fue impulsada por un grupo de internos de la prisión de Carabanchel en Otoño de 1976 con unos fines muy claros: Amnistía general, humanización de las prisiones, depuración de funcionarios torturadores y una reforma de las leyes penitenciarias. La primera aparición pública de esta nueva organización fue el motín del 21 de febrero de 1977, pero sus acciones empezaron un mes antes, el 19 de enero de ese mismo año los presos adultos comenzaron una huelga de hambre como protesta por las palizas de los funcionarios a los menores de edad que se hacinaban en el reformatorio. Dicha huelga de hambre duró siete días, y el único resultado que conoció fue una oleada de fuerte represión por parte de los funcionarios. ¿Qué desencadenó la primera aparición pública el 21 de febrero de 1977? A mediados de ese mismo año comenzaron los “secuestros”. Los traslados nocturnos conocidos bajo ese nombre por parte de la población reclusa se produjeron hasta bien entrados los años ’80 y se realizaban de forma ilegal, sin orden judicial y sin avisar previamente a familias, abogados ni al propio preso. El destino era siempre el internamiento en los penales más duros del Estado: Burgos, El Dueso, Ocaña, etc.  Fueron estos “secuestros” los que propiciaron la primera aparición pública de la C.O.P.E.L. y la hizo saltar a primera página de los medios de comunicación de tirada nacional. El 21 de febrero de 1977, en el límite de la desesperación, estalló el motín en la famosa prisión de Carabanchel.

Cuando las instituciones penitenciarias se dieron cuenta de que habían despertado a la “bestia” no tardaron en aumentar la cruenta represión y aislamiento de los presos, pero tal cosa no consiguió paliar las revueltas, sino que las acrecentó. Los motines, las huelgas de hambre y las “plantadas” (negación colectiva hacia los procedimientos cotidianos de la prisión) se iban multiplicando cada vez más. Los castigos, las palizas y torturas, las celdas individuales de castigo no consiguieron detener la gestación de esta nueva organización. Todo lo contrario, con todo eso, la COPEL no solo no fue desarticulada, sino que se desarrolló y multiplicó cada vez más. Al ser trasladados sus hombres más activos por las distintas prisiones del Estado, la mecha revolucionaria se extendió por todos los grandes penales del territorio español. Además, los miembros de la C.O.P.E.L. consiguieron crear una rudimentaria imprenta clandestina hecha a partir de la suela de zapatos de goma, creando miles de octavillas explicando el porqué de su organización y de cual eran sus reivindicaciones. Eran las siguientes:
                -Amnistía general.
                -Abolición de las torturas y tratos humillantes
                -Alimentación decente.
                -Supresión de castigos disciplinarios.
                -Creación de visitas íntimas.
                -Fin de la censura en la correspondencia.
                -Reforma del código penal para adecuar las penas a la realidad social.
                -Acceso a la educación y a tener bibliotecas.
                -Derecho a la libertad condicional.
                -Redención de pena por trabajo a todos los presos por igual.

La tercera gran acción de la COPEL en Carabanchel fue conocida por la prensa como “La batalla de Carabanchel”. El 18 de julio de 1977 ocho presos se amotinaron en el tejado de la prisión mientras que 33 compañeros más iniciaron el corte de venas general para ser trasladados al hospital. Los compañeros amotinados en el tejado de la prisión iban vestidos igual, con pantalón negro y camiseta roja, portaban una gran pancarta con el logo de la C.O.P.E.L. y se subieron distintas banderas que representaban los distintos pueblos del Estado español. Y la mecha se prendió; lo que comenzó con ocho presos subidos en un tejado acabó con ochocientos presos amotinados en los tejados y con un grito unánime: ¡AMNISTÍA!Tras este hecho se consiguieron unas cuantas mejoras en el interior de las prisiones, pero sin duda la mejor de ellas fue conseguir una potente adhesión desde el exterior por parte de distintos colectivos sociales que comenzaron a reclamar esa ansiada amnistía. Tras este nuevo año de lucha dentro de las prisiones se comenzaron a recoger los primeros frutos. Algunos, aunque pocos, funcionarios y médicos tomaban partido apoyando a la población reclusa, se negaban a usar la fuerza bruta o incluso presentaban su dimisión para dejar de ser cómplices de esa brutal política represiva. La situación de las cárceles españolas cada vez más pasaban a debate de la opinión pública y con la consecución de algunos de sus objetivos, las relaciones entre los presos se tornaban cada vez más humanadas y dignas. Las instituciones penitenciarias estaban desbordadas con las olas de rebeldía que nacían en sus cárceles, y al ver que a mayor represión mayor combatividad por parte de los presos, a finales de 1977 decidieron introducir la droga en los centros penitenciarios más combativos para poder aplacar su lucha.

Una vez entrado el año 1978, concretamente el 14 de marzo, la lucha daba un vuelco espectacular. Ese día siete presos son torturados salvajemente con la desgracia de la muerte de uno de ellos, el anarquista Agustín Rueda Sierra, natural de Sallent (Cataluña). Por mucho que el Estado hubiera hablado de reformas penitenciarias la represión seguía siendo su principal respuesta a las demandas de los presos y a sus intentos de fuga. En un primer momento la dirección penitenciaria de Carabanchel intentó esconder el caso, pero los abogados se enteraron del asesinato y de las torturas y el terrible suceso saltó a todo los medios de comunicación. La respuesta externa –y solidaria- no se hizo esperar: a los cinco días del asesinato de Agustín Rueda Sierra, el por entonces Director de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, aparecía asesinado a balazos.

“Se ha derramado mucha sangre para tan poca cosecha”, rezaba la revista Ozono. Al Estado español se le hacía insoportable la presión tanto interior como exterior, así que decidió optar por cambiar la estrategia. Se nombró como nuevo Director de Instituciones Penitenciarias a Carlos García Valdés para que fuera el encargado de elaborar una nueva Ley Penitenciaria en las que se recogieran las reivindicaciones de los presos en lucha. El Congreso de los Diputados elaboró una nueva ley por la cual se prohibían los indultos generales pero se recogían las reivindicaciones y reformas propuestas por la C.O.P.E.L. Un año después de la reforma de García Valdés, todo quedó en papel mojado. La reforma consiguió su verdadero objetivo, la desarticulación de la C.O.P.E.L. por enfrentamiento entre dos líneas de actuación que surgió en el colectivo: Los que pretendían seguir luchando y los que querían sentarse a negociar pacíficamente. Tras esa aparente reforma penitenciaria quedaba la estocada final a los presos más revolucionarios. El Estado quería cobrarse su última venganza. Muchos de los miembros más significativos de la COPEL fueron trasladados en 1979 a Herrera de la Mancha, la nueva cárcel de máxima seguridad. Dicha cárcel fue un centro de tortura brutal y continua, día tras día. Ahí acabó la C.O.P.E.L., o lo que quedaba de ella. La Ley General de Penitenciaria aprobada el diciembre de 1979 recogió casi todas las reivindicaciones por las que luchó la Coordinadora de Presos en Lucha, aunque con el paso de los años muchos de esos derechos han sido recortados a muchos presos y presas, sobre todo a aquella población reclusa en régimen F.I.E.S. 

Se derramó mucha sangre, quizás demasiada. Muchos presos sufrieron las torturas, e incluso muchos dieron su vida por la lucha revolucionaria. No se consiguió la ansiada amnistía general, pero si ciertos derechos muy importantes como los Vis a Vis, comida en buenas condiciones, libertad condicional o el acceso a la educación. Pero sin duda una de las victorias más importantes fue la consecución de ciertas fugas en algunos penales españoles por parte de muchos presos que no dejaron nunca de intentar escapar de aquellos centros de tortura y exterminio que fueron –y son- las cárceles, porque como dijo aquel preso anónimo “en este lugar donde reina la tristeza, no se castiga el delito sino la pobreza”.


“No podemos considerar el sistema penitenciario de una forma aislada, sino como el punto final de un sistema de opresión que comienza en las leyes, en la organización de la sociedad”. Agustín Rueda Sierra. 

sábado, 7 de marzo de 2015

El anarquismo en el gobierno

En este presente artículo vamos a abordar un tema arduo e incendiario, que ya en su época provocó un aluvión de críticas, y que aun hoy sigue suscitando grandes discusiones y debates. La participación de la C.N.T en el Gobierno central republicano y en el Gobierno autónomo de Cataluña, bajo el “Frente Antifascista”, es sin duda uno de los pilares básicos a la hora de analizar el anarquismo, tanto español como catalán. 


La ineficacia del Gobierno          

La C.N.T no se adhirió al Gobierno republicano desde un primer momento, sino que en primer lugar el sindicato anarquista adoptó una posición rigurosa donde se partía de una inexorable acusación hacia los gobiernos “antifascistas” de coalición. Por ello mismo, la organización anarcosindicalista hizo suyo un manifiesto, escrito por el anarquista francés André Prudhommeaux,  donde ponía de manifiesto, nunca mejor dicho, la inutilidad de un gobierno de coalición para detener el avance franquista. El manifiesto rezaba lo siguiente:

La existencia de un Gobierno de Frente Popular, muy lejos de ser un elemento imprescindible en la lucha antifascista, corresponde en realidad a una limitación voluntaria de esta misma lucha. Es inútil recordar que frente a los preparativos del putsch fascista, los gobiernos de la Generalitat y de Madrid no han hecho absolutamente nada, utilizando toda su actividad a cubrir los apaños de los que estaban destinados a ser, tarde o temprano, el instrumento, inconsciente o no.
La guerra de España es una guerra social. El papel de un Estado moderador, basado sobre el equilibrio y la conservación de las clases, no podría ser un papel activo en esta lucha en que los fundamentos mismos del Estado se encuentran cada día zapados. Es, pues, exacto decir que la existencia del gobierno del Frente Popular en España no es otra cosa que el reflejo de un compromiso entre las masas populares y el capitalismo internacional. Por la fuerza misma de las cosas, este compromiso, que no tiene más que un valor transitorio, tendrá que ceder su puesto a las reivindicaciones y al programa completo de la revolución social. Entonces desaparecerá el papel de negociadores que realizan actualmente los republicanos y liberales en Barcelona, Valencia y Madrid.
La idea de reemplazar estos gobiernos débiles, guardianes de los bancos y de las propiedades de la finanza extranjera en España, por un gobierno fuerte basado en una ideología y una organización política “revolucionaria”, solo podría de hecho suspender y liquidar la actividad autónoma de las masas trabajadoras en armas, suspender y liquidar la revolución.
Se trataría, si el marxismo tomase el poder, más que de una autolimitación de la acción popular por un astuto oportunismo. El Estado “obrero”, creado para durar, se propone como tarea inmediata el canalizar y absorber la totalidad de las fuerzas hoy en libertad en el campo del proletariado y el campesinado. El Estado “obrero” es el punto final de todo progreso revolucionario, el comienzo de una nueva esclavitud política.
Coordinar las fuerzas del frente antifascista, organizar el aprovisionamiento en municiones y víveres a gran escala, colectivizar a este fin todas las empresas de interés vital para el pueblo, tales son evidentemente las tareas de hoy. Han sido realizadas hasta aquí por una vía no gubernamental, no centralistas, no militaristas. Hay que continuar por ella. Los sindicatos de la C.N.T y la U.G.T encuentran en ello el empleo de sus fuerzas, la mejor utilización de sus competencias. Por el contrario, la instalación de un gobierno de coalición, con sus luchas de mayoría y minoría, su burocratización de las élites, la guerra fratricida entre las tendencias rivales, todo ello es más que inútil para nuestra tarea liberadora en España. Sería el desfondamiento rápido de nuestra capacidad de acción, de nuestra voluntad de unión, el comienzo de una ruina fatal frente al enemigo omnipresente.
Esperamos que los trabajadores españoles y extranjeros comprendan la justeza de las decisiones tomadas en este sentido por la C.N.T y la F.A.I. La aniquilación del Estado es el objeto final del socialismo. Los hechos han demostrado que a ello se llega prácticamente por la liquidación del Estado burgués, reducido a la asfixia gracias a la expropiación económica y no por la disolución espontanea de una burocracia “socialista”. Los ejemplos español y ruso son testigo de ello.
              
Cambio de planes

No dio tiempo siquiera a repartir el manifiesto anterior entre todos los militantes de la C.N.T y F.A.I que tres meses después, a mediados de septiembre de 1936, la organización anarcosindicalista invertía su posición para con el Gobierno. La C.N.T, en nombre de la “lucha antifascista” pidió al presidente Largo Caballero, alias “El Lenin español”, la constitución de un Consejo Nacional de Defensa compuesto por quince miembros, de los cuales cinco debían ser cenetistas. De ahí a controlar ministerios había un paso, y así fue, tanto en el Gobierno central como en el autonómico, la C.N.T obtuvo carteras ministeriales, como por ejemplo, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Sanidad.
Esta nueva situación no solo provocaba un problema moral para el anarquismo, dada la contradicción que supone la participación de anarquistas en un Gobierno, sino que además, debían preparar nuevos manifiestos para justificar dicha entrada en el Gobierno. La primera justificación fue la de crear el Consejo Nacional de Defensa bajo el pretexto de realizar una unidad antifascista necesaria para vencer. La justificación proseguía bajo la idea de que no era hora de darse a especulaciones ni “aventuras”. Aunque las carteras ministeriales obtenidas por la C.N.T carecían de gran importancia, su sola presencia en el Estado ya debía modificar su acción y su actitud. La nueva idea del sindicato anarquista fue la necesidad de configuran un nuevo gobierno donde sus ministros y consejeros se despojaran de concepciones partidistas y se actuara bajo un solo pensamiento: vencer. Si esta colaboración era franca y desinteresada, en teoría, la victoria debía sonreír al bando republicano.
La entrada de la C.N.T en el Gobierno central es uno de los episodios más trascendentales –y sorprendentes- de la historia política de España. La organización anarcosindicalista partió de una nueva convicción; Con la entrada de los anarquistas en el Gobierno se reducirán las funciones del Estado, dejando vía libre a las organizaciones obreras para tomar parte en la regulación de la vida social y económica del país. El Gobierno solamente se preocupará de llevar bien la guerra y de coordinarse con las demás fuerzas para llevar a cabo la obra revolucionaria. La idea era que los ministros anarquistas llevarían al gobierno la voluntad del pueblo. Se tuvo la certeza absoluta de que los camaradas cenetistas, elegidos previamente para representar a la C.N.T en el gobierno, cumplirían su deber revolucionario. No eran gobernantes ni estadistas, sino combatientes revolucionarios que cambiaban  transitoriamente  las barricadas y las zonas colectivizadas por ministerios y despachos por la causa antifascista. Y el triunfo de la contienda bélica sería tanto más pronto y completo cuanto mayor fuere el apoyo dado por las masas obreras.

Sin unanimidad

 Ante la entrada de los anarquistas en el gobierno no tardaron en alzarse las voces discrepantes con tales hechos y empezaron las primeras disputas entre aquel sector anarquista que apoyó la entrada en los distintos ministerios por el bien del “frente antifascista” y el sector libertario que consideró una traición a los ideales anarquistas y a todos aquellos compañeros que habían muerto por su lucha contra el Estado. Federica Montseny, Joan García Oliver y los demás anarquistas con cartas ministeriales habían justificado su entrada en el gobierno bajo el pretexto de que “los anarquistas han entrado en el gobierno para evitar que la revolución se desvíe y para proseguirla más allá de la guerra”. Esas palabras se las llevaba el viento, pues después de tres meses de colaboración entre la C.N.T y el gobierno republicano, en zonas como Levante, Castilla o Euskal Herria, la contrarrevolución avanzaba aplastando y eliminando todos los avances conseguidos gracias a las colectividades. El Gobierno, ya instaurado en Valencia, hace partir columnas y más columnas de la Guardia de Asalto hacia los núcleos revolucionarios y anarquistas para desarmarlos y someterlos a las directrices republicano-liberales y marxistas. Es bajo la doctrina del miedo que, el gobierno republicano, extiende la falsa noticia de “incontrolados” en los frentes de batalla para poder así usar a la Guardia Civil y Guardia de Asalto y desarmar las milicias anarquistas y acabar con las colectividades, asignándole nuevos propietarios y devolviéndolas a sus antiguos dueños si aun estaban vivos o no habían huido del país. Se denunció por parte de este sector anarquista, algo que luego se cumpliría: Las maniobras del gobierno republicano tendientes a una paz con el bando sublevado para parar la guerra, la revolución y las conquistas sociales conseguidas hasta el momento. Se comete, decían las voces discrepantes, un grave error al aceptar las formulas autoritarias y gubernamentales por encerrar grandes errores y fines políticos que nada tenían que ver ni con liquidar al fascismo ni mucho menos con proseguir la revolución social iniciada el 19 de julio de 1936. En contraposición a la fórmula del “Frente Antifascista” como vía para ganar la guerra, se propuso seguir con la revolución social, añadiendo la creación de un Ejército Confederal y pasar, de una vez por todas, a la ofensiva en el Frente de Aragón. Acabar con los miles y miles de guardias civiles y guardias de asalto que no son enviados al frente de batalla porque tienen que liquidar a los “incontrolados”. A todo esto, se añadía la petición de una industria de guerra “seria” que proporcione el mismo arsenal militar a todos los frentes y organizaciones sin distinciones ideológicas, como estaba ocurriendo hasta ahora con los frentes donde operaban las milicias anarquistas. Ante el incesante colaboracionismo entre la C.N.T y el Gobierno, el sentimiento en los frentes era cada vez más desesperante y poco entusiasmado. Ya no había fe nueva, ya no había una idea general de transformación real, el ímpetu que había dado la revolución social a la guerra se iba apagando cada vez más y más, la guerra se iba convirtiendo poco a poco en una simple guerra nacional más, donde solo se luchaba por no morir. Otra de las críticas que se hizo a ese sector anarquista afianzado ya en el Gobierno, era su complicidad con el gobierno bolchevique instaurado en la U.R.S.S que perseguía a toda oposición anarquista o simplemente no leninista, y que el sector de la C.N.T liderado por Federica Montseny y cia., en aras de mantener la cohesión en el “Frente Antifascista” defendía y apoyaba. Los anarquistas que estaban en el gobierno, se decía, solo servían  de “gorro frigio” a políticos republicano-liberales  que flirteaban con el enemigo y que pretendían restaurar la “república de todas las clases”. El dilema de “guerra o revolución”, pues, no tenía sentido. El único dilema era éste: o la victoria sobre franco gracias a la guerra revolucionaria, o desastre.

La respuesta internacional

Tras estos últimos acontecimientos en relación con la C.N.T, los días 11, 12 y 13 de junio de 1937 la A.I.T (Asociación internacional de Trabajadores) organizó un pleno extraordinario donde se constató la siguiente:

1.       Los recientes acontecimientos en Barcelona han buscado quitar a la C.N.T el control de las empresas y expulsarlas de sus locales y centros donde predomina el ideal anarquista, aplastando la revolución social.
2.       Todo viene a través de un complot desde hace meses, por parte de los gobiernos de Valencia y Barcelona, que siguen las directrices del Partido Comunista Español, y este ejecuta las órdenes del gobierno soviético.
3.       Que todo este plan-complot tiene carácter internacional y sirve a los intereses capitalistas angloamericanos. Se desea estrangular la revolución social para implantar una república “democrática y parlamentaria”.

El pleno declaró lo siguiente:

a)      Que la guerra desencadenada por un levantamiento militar y fascista debe tener el carácter de emancipación total del proletariado español y, por esto mismo, solo puede ser una guerra revolucionaria.
b)      La revolución social debe ser la única preocupación de la C.N.T
c)       La admiración por el valor invencible de las masas campesinas y obreras de España y particularmente de las organizadas bajo las banderas de la C.N.T. sigue intacta pese a todas las vicisitudes de la lucha desigual.
d)      Solamente la solidaridad del proletariado revolucionario de todos los países puede suponer el triunfo de la revolución social. La socialdemocracia reformista, así como el bolchevismo de la escuela ‘estalinista’ o ‘trotskysta’, ya sea el P.S.U.C o el P.O.U.M, son igualmente peligrosos para la realización de la revolución.
e)      La guerra revolucionaria y la transformación social debe excluir por parte de la C.N.T toda participación o entendimiento con los gobiernos de Valencia y Barcelona. Dado los acontecimientos ocurridos, se considera menester la retirada oficial de la C.N.T  del “Frente Antifascista” para proseguir, junto a elementos verdaderamente antifascistas, la revolución emancipadora.

La A.I.T. adopta un compromiso de continuar apoyando la revolución social española.
El pleno concluía con la petición al secretariado de la A.I.T. que comunique a la C.N.T., en cada ocasión propicia, el sentir de la A.I.T. en todo acontecimiento importante que pudiera desarrollarse en España.

Después de más de setenta años resulta sencillo enarbolar la crítica, lapidar a los hombres y a la mujer que, por la fuerza de los acontecimientos, debieron ocuparse de puestos gubernamentales.
Ante todo hay que colocarse en el contexto histórico de 1936, no ver los acontecimientos desde el punto de vista del 2015, sino bajo el prisma de la situación de la C.N.T. y de todo el movimiento anarquista en el 1936.
Todo comenzó desde el día en que se transformaron los Comités de Milicias Antifascistas de Barcelona en lo que se llamó “Consejo de la Generalitat”. ¿Era necesario dar ese paso? El problema se planteó en el mismo seno del Comité. Se discutió durante días y noches enteras en plenos y reuniones varias. Los anarquistas representantes de los sindicatos y grupos libertarios  consideran un error garrafal decidir continuar solos en el Comité de milicias, ya que eso supondría romper el frente antifascista y hacer frente a la contienda bélica de forma solitaria. La participación en los organismos que constituyen el Estado comenzó en ese mismo momento.
Para comprender esto también debemos recordar y analizar el abandono total al cual condenaron la gran mayoría de las organizaciones del mundo entero, las maniobras de las demás fuerzas políticas españolas y el naciente chantaje del Partido Comunista, cada vez más fuerte por la ayuda soviética, la única, junto con la ayuda de México, que llegó a una España totalmente desarmada ante un bando sublevado que recibía armamento, dinero y hombres de Alemania e Italia.
Esta primera participación gubernamental se quiso, desde un primer momento, esconder bajo conceptos como “Consejo de la Generalitat” y “consejeros” para no provocar, de momento, un debate ideológico en el seno de la CNT sobre los principios antitéticos como son anarquismo y Estado.  Aun utilizando los eufemismos que se deseen, ya no había marcha atrás. El primer paso estaba dado. Más tarde, cuando Largo Caballero constituyó su primer gobierno “de guerra”, haciendo entrar a los comunistas e invitando a la C.N.T., empezaron a sonar las primeras alarmas y voces discordantes con el camino que estaba siguiendo la C.N.T. La sombra de Kronstadt, de la Ucrania libertaria aniquilada, se perfilaba.

Para la entrada de los anarquistas en el gobierno, se buscó que quedaran representadas las dos tendencias dominantes en la C.N.T.: López y Peiró. En las discusiones y reuniones de la mesa de consejeros cualquier opinión discordante con los mandatos del Partido Comunista o de Largo Caballero era tratada de “deserción”. Los anarquistas ya en el gobierno hubieron de aceptar puestos de jefes de cuerpo de ejército, de jefes de policía, de directores de prisiones, de comisarios políticos, etc. ¿Los López y Peiró estaban sedientes de poder y por ello aceptaban estos cargos? Rotundamente no, en ningún momento nadie se preocupó por su porvenir personal. Pero la llama de la revolución social se iba apagando poco a poco. Mientras los hombres de la C.N.T. y F.A.I. se iban multiplicando por los distintos escalones del poder gubernamental, la situación en la calle se deterioraba día a día. “No se puede estar a la vez en la calle y en el gobierno”; esta era la consigna que se iba oyendo cada vez más entre las bases del sindicato anarquista. La C.N.T. estaba en el gobierno, pero la calle se les escapaba de las manos. Habían perdido la confianza de la clase trabajadora y la unidad del movimiento se desmoronaba cada día más y más.
A partir de junio de 1937 la guerra estaba virtualmente perdida; la revolución social, también. Las disensiones dentro del gobierno “de guerra” se hacían notar, el sector republicano-liberal, con apoyo de algunos anarquistas, consideraban que había que encontrar una salida “pactada” ante la catástrofe que se avecinaba. El resto, por el contrario, coincidían en combatir hasta el final aunque fuera previsible la derrota.
Finalmente la guerra y la revolución se perdieron, dejando paso a cuarenta largos y pesados años de dictadura franquista. ¿Fue cómplice de estas perdidas la C.N.T. por participar en el gobierno? ¿Debió la organización anarcosindicalista más numerosa de nuestra historia haber disuelto la Generalitat cuando tuvo oportunidad? Las ucronías son muy osadas y peligrosas, es por ello que dejamos al lector imaginar lo que prefiera.

El caso de la C.N.T. es un caso único en la historia mundial del movimiento obrero y revolucionario. Tras un acercamiento a la política gubernamental, en la que algunos de sus hombres se perdieron para siempre, una gran mayoría volvió a las bases del anarquismo, vacunada contra todo colaboracionismo gubernamental, convencida ya de que solamente la acción directa de la clase trabajadora puede conducir a la transformación social que libere al ser humano y suprima la sociedad de clases. Todas aquellas personas anarquistas que pasaron por los puestos de dirección militar, administrativa o política, salieron de ellos desalentadas y más opuestas que nunca al Estado, sea cual sea su  forma que lo reviste.


“Si nosotros hubiéramos ganado la guerra, la revolución hubiera seguido su curso. Nada ni nadie hubiera impedido que lo que había comenzado el 19 de julio por la mayoría del pueblo se desarrollase y llegase a su fin. Probablemente, es ésta la razón por la cual la guerra debía perderse y la revolución ser asesinada”. Federica Montseny.