La llamada huelga de ‘La Canadiense’ fue un paro importante
del sector eléctrico, convirtiéndose después en Huelga General, que comenzó el
5 de febrero de 1919 y que se prolongó durante 44 días paralizando el 70% de
toda la industria de Cataluña. Dicha huelga se convirtió en la más importante,
por sus logros, de la historia del movimiento obrero hispano. En ella se
consiguió el aumento salarial, la readmisión de los trabajadores despedidos y
lo más importante de todo: la promulgación del Decreto de la jornada de ocho horas
de trabajo, siendo así el Estado español el primer Estado en promulgar dicha
ley.
Nos encontramos a finales de enero de 1919, y la compañía Riegos y Fuerzas del Ebro -conocida
popularmente como La Canadiense ya
que el principal accionista era el Canadian
Bank of Commerce of Toronto- baja drásticamente los sueldos a sus
trabajadores, bajo la excusa de que los obreros eventuales han pasado a ser
fijos. Paralelamente, el sindicato anarquista CNT crea el Sindicato Único de
agua, gas y electricidad, al que se afilian gran parte de los trabajadores de La Canadiense. La guerra social entre la
patronal y el proletariado militante aumenta desde que el sindicalismo
revolucionario deja de estar fragmentado y pasa a conformar sindicatos únicos
de ramo o industria. Ante esta situación, con los primeros despidos de
trabajadores por quejarse, el 5 de febrero de 1919 parte de la plantilla da
inicio a una huelga de “brazos caídos”, siendo reprimidos y expulsados de los
puestos de trabajo por la propia policía. Y como si se tratara de un efecto
dominó, la solidaridad se va extendiendo por todas las secciones de la empresa
y por otras empresas de energía.
La huelga comenzaba a ser ya un gran problema desde el
primer día, pues la población –y el resto de industrias- dependía de La Canadiense para vivir. La acción de
protesta en el sector eléctrico e hidráulico no solo lo paralizó, sino que
obligó a suspender las demás industrias que dependían de él para seguir en
funcionamiento. Durante las siguientes dos semanas se unió a la huelga la
industria textil, tan importante en la Cataluña de principios del siglo
XX,reivindicando la jornada laboral de ocho horas y el fin del trabajo
infantil. La situación de Barcelona y casi toda Cataluña no tenía precedentes;
tranvías paralizados, hogares e industrias sin energía, interrupción de la
prensa y fallida del alumbrado público.
Ante tal situación, el Conde de Romanones confiscó La Canadiense y puso en los puestos de
trabajo a ingenieros del ejército español. A finales de febrero -con el 70% de
la industria catalana totalmente paralizada- entre la participación del capitán
general, Milans del Bosch, que pretendía declarar el estado de guerra, y la del
Gobernador Civil de la ciudad, que buscaba negociar con los trabajadores, la
empresa dictó sentencia: o volvían a sus puestos de trabajo el 6 de marzo todos
los trabajadores o serían despedidos. Tal sentencia no hizo más que avivar la
llama revolucionaria, provocando que el Sindicato Único de artes gráficas de la
CNT proclamara la llamada censura roja.
Esta consistió en una acción conjunta de todos los periodistas de Barcelona que
comunicaron a sus directores que no publicarían ninguna noticia considerada
negativa para la clase trabajadora. Llegado el mes de marzo, la situación era
ya incontrolable por parte del Gobierno, así que decidió declarar el estado de
guerra, con un nuevo Gobernador Civil llamado Carlos Montañés (encargado de la
empresa) y un nuevo jefe de policía, Gerardo Doval. A mediados de mes, el castillo de Montjuïc ya
albergaba a tres mil trabajadores presos.
Finalmente, el 17 de marzo de 1919, los representantes de La Canadiense y el comité obrero
llegaron a un acuerdo, en el que se aumentó el salario, se promulgó el decreto
de la jornada laboral de ocho horas, la libertad de los presos y la readmisión
de los primeros huelguistas despedidos.
El 19 de marzo de 1919, entre 20.000 y 35.000 trabajadores,
según diversas fuentes, se reunieron en la plaza de toros de las Arenas de
Barcelona para ver si los huelguistas aprobaban la negociación entre la
patronal y el comité obrero. Finalmente, se aceptaron los resultados de forma
unánime y se dio un margen de tres días a las autoridades para liberar a los
presos bajo jurisdicción militar, con la amenaza de otra huelga general si no
se llevaba a cabo.
De esta manera, el 3 de abril de 1919 el Conde de Romanones
promulgaba el Decreto de la jornada de
ocho horas.
Sin embargo, antes de la promulga, la huelga no se había
terminado del todo, pues ante la traición del acuerdo y la falta de libertad de
muchos huelguistas, el 24 de marzo se inició otra huelga general para conseguir
excarcelarlos –tal y como habían amenazado-.
Los trabajadores más radicales de Barcelona y alrededores se
lanzaron a la calle, no solo por la libertad de sus compañeros presos, sino
como forma de protesta contra la línea posibilista
que, liderada por Salvador Seguí, hacía un llamamiento a la calma y a la
negociación con la patronal. El 25 de marzo, frente a esta situación, el
Gobierno español decidió suspender las garantías constitucionales en todo el
Estado; así, el ejército y el Somatén tomaban las calles para reprimir a
cualquiera que fuera sospechoso de ser sindicalista, además de obligar a los
comercios a abrir. Se ilegalizaron los sindicatos, se clausuraron sus locales y
se incautó toda su documentación, seguidamente del procesamiento a todos los
delegados sindicales. También se prohibió cualquier tipo de ayuda económica a
los huelguistas. La Canadiense acusó
a la Gobernación de Barcelona de “débil”, lo cual provocó la dimisión del jefe
de policía y del propio Conde de Romanones. Se formaba así un nuevo gobierno
presidido por Antonio Maura.
El 9 de abril, desde la patronal se amenazó con el ‘locaut’,
es decir, con el cierre de las empresas si los trabajadores se ponían en huelga
y así no tener ningún derecho económico. Tras la marcha del Gobierno de Maura
tres meses después, y la continua guerra social que parecía no tener fin, el 11
de octubre de 1919 se creó la Comisión Mixta de Trabajo. Esta estaba conformada
por representantes obreros y de la patronal, en un intento de dar solución al
problema; sin embargo, debido a la radicalidad de unos y de otros, tal comisión
no sirvió para su cometido original.
Los ‘locauts’ patronales comenzaron a hacer estragos en la
clase trabajadora, la cual se veía abocada al paro forzoso y a la más estricta
miseria; esto no hizo más que avivar aun más la llama de la guerra entre la
clase empresarial y el proletariado militante. La CNT no se quedó de brazos
cruzados y sus militantes radicales, los que casi 10 años después conformarán
la FAI, empezaron a ganar terreno a los militantes más moderados, comenzando
así la etapa de los atentados personales contra policías, empresarios y
esquiroles, siendo esto el preludio de lo que meses después se llamaría el pistolerismo.
El conflicto, lejos de solucionarse, se agrandó cada vez más
y más. Durante la huelga de La Canadiense
se sucedieron hasta tres gobiernos (el de Romanones, Maura y Sánchez de Toca),
y ninguno supo poner fin a la guerra social entre clase trabajadora y patronal.
La huelga de La
Canadiense fue un punto de inflexión para la clase obrera catalana en
general, y para la clase obrera anarcosindicalista de la CNT en particular,
pues debilitó al sindicato anarquista pero, por contrapartida, auspició el
aumento de los militantes radicales frente a los moderados o posibilistas.
Los continuos estados de guerra, la represión generalizada y
los ‘locauts’ mantuvieron a casi toda Cataluña paralizada, con un sindicalismo
echando un pulso con la burguesía y el Estado, del cual salió derrotado y débil.
La respuesta a partir de aquí fue el terrorismo ‘de
masas’, es decir, el pistolerismo generalizado contra los enemigos de la clase
obrera y la revolución, a la cual la burguesía no iba a esperar de frente, pues
se defendería –y atacaría- con sus propios pistoleros mercenarios y con el
llamado Sindicato Libre.